En el mes de noviembre del año pasado nuestra Asociación, basada en los Principios y Fines Fundamentales establecidos en el
Código de Ética Profesional y las disposiciones consignadas en la Ley No.
19.778 Regulación de la Profesión del Trabajo Social, envió sendas notas a los
candidatos a la presidencia de la República expresando:
- La defensa
del carácter público, universal e integral de las políticas y programas
sociales como generadoras y/o visibilizadoras de derechos y la
responsabilidad irremplazable del Estado en la materia, con la
participación democrática de la sociedad en su conjunto.
- El
compromiso con el pleno desarrollo de los Derechos Humanos de individuos,
grupos y otros colectivos, reconocidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros acuerdos internacionales
derivados o complementarios de las misma, así como los que devienen de la
aprobación de leyes nacionales que han profundizado y avanzado en el logro
de los derechos de las minorías.
- Reivindica
y postula el deber y compromiso fundamental de los actores del Estado, así
como la responsabilidad de la sociedad civil en la ampliación de la agenda
de derechos de los/as ciudadanos/as.
- La
necesidad de continuar en el impulso de todas aquellas manifestaciones que
contribuyan a promover condiciones de paz y tolerancia entre las personas
y los pueblos, en oposición a las más variadas formas de violencia y
autoritarismo.
- La firme postura
de reivindicar la participación de nuestra disciplina en los ámbitos que
le corresponden y que se encuentran establecidos en la Ley No. 19.778,
evitando la desprofesionalización de sus incumbencias a través de la
utilización de otros actores que no cuenten con los requisitos para el
ejercicio profesional, lo que vulnera los derechos de las personas a
recibir servicios de calidad.
Lamentablemente hoy,
asistimos a un fuerte proceso de desmantelamiento de programas, planes y
políticas sociales, lo que afecta no solo a los y las trabajadoras y
trabajadores, sino y fundamentalmente, a las personas hacia las cuales esas
políticas van dirigidas. Amparando las
decisiones de esos recortes en fundamentos que decididamente no compartimos,
sino que por el contrario rechazamos con el más decidido compromiso
ético-político que como profesionales de lo social reivindicamos, exhortamos a
las autoridades de gobierno a rever las mismas. Recordamos a
quienes integran los distintos espacios de decisión (gobierno, parlamento), que
cada una/o de ustedes son representantes nada más y nada menos de la voluntad
popular que las/os colocó como encargados de encarnar el bien común. Por tal motivo,
consideramos que las acciones que se vienen llevando adelante no representan
los intereses del pueblo en su conjunto, y menos aún, de aquellos sectores
cuyos derechos lejos de asegurarse, se ven recortados y vulnerados. Por tal motivo exhortamos
a las autoridades de gobierno a la priorización de la defensa y profundización
de la ciudadanía de todas y todos en los aspectos civiles, sociales,
económicos, culturales y políticos. COMISIÓN
DIRECTIVA.
Montevideo, 4 de
noviembre de 2020.
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