Carta abierta a las Autoridades de Gobierno y a la Opinión pública La Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), expresa su preocupación respecto a anuncios y decisiones de las autoridades gubernamentales en relación al sistema de protección social. Nuestra Asociación, en correlato con el Código de Ética Profesional y coherente a su historia gremial, si bien no responde a posturas político-partidarias, se compromete activamente en la defensa de los Derechos Humanos y en el carácter público, universal e integral de las políticas, planes y
programas sociales que los promueven para todas/os los/as ciudadanos/as. Asistimos a un desmantelamiento e indefinición sobre la continuidad de algunos programas del MIDES y otros organismos que comprometen la matriz de protección social dirigidos fundamentalmente a los sectores de la población
que presentan mayores niveles de vulneración de derechos. Entre los programas afectados destacamos: Cercanías y sus Equipos Territoriales de Atención a Familias (ETAF), Uruguay Trabaja, Impulsa del INJU, los Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia Basada en Género, los
vinculados a adultos mayores y los dispositivos de atención y tratamiento de la Junta Nacional de Drogas. Entendemos que la estrategia de reducir el vínculo del Estado con las Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs, Fundaciones y Cooperativas de técnicos) en programas centrales, es desconocer y despreciar su capital social,
conocimiento y aportes que han cumplido históricamente en la elaboración de las políticas públicas. Además de las consecuencias esgrimidas en relación a la población destinataria, nos preocupa la afectación de la fuente laboral de muchos y muchas profesionales que han trabajado durante muchos años en estas áreas,alcanzando un alto grado de experticia. Estas medidas desconocen especificidades y saberes profesionales, profundizan la precarización de las formas de contratación y dejan sin trabajo a muchas personas, en épocas de recesión económica. Nos solidarizamos con las y los colegas que han perdido o corren el riesgo de perder su fuente laboral, comprometiendo el esfuerzo gremial en la búsqueda de alternativas de diálogo y el efectivo cumplimiento de la Ley No. 19.778. (Reglamentación de la Profesión de Trabajo Social/Servicio Social). ADASU insta a las autoridades a revisar las disposiciones sobre la que pretende avanzar, porque estamos convencidos/as que de concretarse se iniciará un claro proceso regresivo en materia de protección social. Apelamos a que se establezca un verdadero diálogo con aquellos actores que han sostenido dichos programas y las gremiales profesionales involucradas. Entendemos que desmantelar protecciones y derechos sociales es agudizar la desigualdad. Comisión Directiva
Montevideo 31 de mayo de 2020. |
