A horas del 25 de noviembre, fecha en la cual nuevamente marcharemos por la erradicación de toda forma de violencia hacia mujeres y niñas, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) manifiesta: Que la violencia hacia las mujeres puede tomar múltiples formas (física, psicológica, patrimonial, ambiental y sexual) y que cualquiera de estas es inadmisible y contraria a la dignidad y los derechos humanos. En este contexto los asesinatos de mujeres por motivo de género son la expresión más cruda de la violencia a la que como colectivo están expuestas. Expresamos honda preocupación por los 31 femicidios que se han producido en nuestro País en lo que llevamos de 2018 y reclamamos de manera urgente recursos y herramientas eficaces que colaboren a modificar esta lamentable realidad. Nuestra legislación visibiliza al femicidio tipificándolo como un delito especialmente agravado, sin embargo una y otra vez la Justicia insiste en desestimar los pedidos la aplicación de la figura. Asimismo, contamos con una Ley integral por una vida libre de violencia basada en género que a un año de su aprobación aún no ha sido reglamentada, ni tampoco dotada de partidas en el presupuesto nacional para su implementación. Por lo expuesto, adherimos y convocamos a las movilizaciones a realizarse en todo el país para el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como todas las actividades de sensibilización organizadas en el territorio. Movilizaciones contra una violencia que es la sangrante consecuencia de la desigualdad, la discriminación, las insuficientes políticas de prevención y de protección necesarias para combatir lo que constituye una grave violación a los derechos humanos. La falta de una respuesta intersectorial por parte del sistema, queda en evidencia cuando observamos que el 70% de las mujeres víctimas de femicidio no habían realizado denuncias previas. Sin embargo los datos estadísticos revelan que se realiza una denuncia por maltrato cada 15 minutos. Esto es el más claro reflejo del fracaso que existe en la lucha contra la violencia de género, por la ausencia de políticas educativas, el incremento de la desprotección social, la feminización de la pobreza, la insuficiencia de recursos públicos para la prevención o la protección y atención de las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Se hace necesario y urgente que la clase política de nuestro País destine el presupuesto necesario para la correcta aplicación de la Ley Integral contra la Violencia basada en Género hacia las Mujeres, N° 19.580. Solo a través de una respuesta integral podemos comenzar el camino hacia la erradicación de la violencia basada en género que necesariamente debe interpelar los diferentes ámbitos como el educativo, laboral e institucional. Como colectivo compuesto por trabajadoras/es y asistentes sociales ejercemos un rol en las instituciones en que trabajamos, que nos exige dar respuesta ante la identificación de situaciones de violencia de género. Sin embargo, sin recursos destinados a éste flagelo, las herramientas disponibles para el abordaje de tales situaciones son insuficientes y por lo tanto nuestras intervenciones pierden eficacia. Por tal motivo exhortamos a todos/as nuestros/as colegas en hacer énfasis en la importancia de la implementación de esta Ley en todos los ámbitos de reflexión sobre violencia de género. Comisión Directiva Noviembre de 2018 |
