En el día de la fecha y con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Trabajo Social, desde la Asociación de Asistentes Sociales y Trabajadores/as Sociales - ADASU, expresamos:

Nuestro saludo a los y las colegas que se desempeñan en todos los lugares del país. Así como también a estudiantes, jubilados y jubiladas de la actividad. 

Reafirmamos nuestro compromiso con los valores y principios éticos definidos en el Código de Ética Profesional en reconocimiento de la dignidad y autonomía de las personas.

Nuestra Asociación cumple en el 2023 42 años, y en este tiempo las condiciones para el ejercicio de la profesión, así como el conocimiento de las realidades laborales de sus socios/as han estado entre sus principales preocupaciones. 

En ese sentido, desde el 2019 contamos con la Ley 19778 de reglamentación del ejercicio profesional, que busca responder a la necesidad de delimitar y garantizar el campo de intervención social y a partir de ello las competencias específicas de los y las profesionales para asegurar respuestas profesionales para la población atendida.

Si bien la aprobación de la Ley fue una conquista largamente reivindicada por el colectivo, continuamos asistiendo a tensiones en su aplicación de las que vamos tomando conocimiento a partir del contacto con socios y socias, y de reclamos y consultas recibidos a través de nuestra Comisión de ejercicio profesional.

Es así que advertimos con preocupación, dos procesos vinculados entre sí, por un lado el recorte, reducción y desterritorialización del sistema de protección social y por otro lado, la creciente desprofesionalización de la respuesta estatal en la atención de situaciones de mayor complejidad.

Evidenciamos una modificación, unificación y eliminación de programas componentes de la matriz de protección social construida históricamente, en contextos de aumento de la pobreza, fundamentalmente la infantil y adolescente, reduciendo  los apoyos en la atención de situaciones de vulnerabilidad extrema, aspecto que se acentúa en los últimos años de pos pandemia a partir de la retirada de distintos programas en los  territorios y de los recortes presupuestales a las políticas públicas centrales como protección social, salud, educación y vivienda.

Este escenario de retroceso en materia de protección social y agudización de la desigualdad en sus distintos campos (económico, de género, generacional, territorial), ha sido reforzado por cambios legislativos con pérdida de derechos, con énfasis punitivistas y adultocéntricos, como los componentes de penalidad juvenil de la LUC, la Ley de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, entre otras. 

Agregado a ello se avanzó en la no cobertura de vacantes que se generaron en la órbita estatal o su resolución parcial mediante la tercerización a través de privados lo que trae aparejado la precarización de los puestos y la desacumulación de conocimientos, experiencia y capacidad estatal. En este mismo sentido se agrega el cese de convenios con organizaciones de larga data en la atención de diversas violencias y vulnerabilidades, sustituyendo por contratos de obra de estudiantes o profesionales u otras organizaciones de la sociedad civil sin trayectoria previa en dichas temáticas. 

Hoy también denunciamos las prácticas clientelares que tienen como objetivo el uso discrecional de los recursos del Estado para el beneficio de particulares, invocando la participación de técnicos para legitimar y ocultar el clientelismo o la negligencia política.

Concomitantemente a la reducción del personal en el ámbito estatal y los contratos precarios, se observa una desprofesionalización de la atención de los sectores vulnerables con llamados públicos a diversos perfiles profesionales o estudiantiles que no garantizan respuestas calificadas, corriendo el riesgo de aumentar sus vulnerabilidades.

El ejercicio autónomo de la profesión y la autonomía técnica para la atención de la población están consagrados en la normativa vigente y no son planteos exclusivamente corporativos, sino garantía para las personas con quienes trabajamos.

En este contexto de tanta fragilidad, en tanto vemos amenazados los derechos de las grandes mayorías, destacamos el rol de nuestra Asociación y de la sociedad civil organizada en su conjunto, que busca garantizar espacios de reflexión crítica tan necesaria en estos momentos, así como articular respuestas solidarias a la falta de recursos estatales que garanticen el bien común. La construcción colectiva es la principal herramienta ante el retroceso de los derechos sociales y el aumento de la desigualdad.

ADASU refuerza en esta fecha su compromiso con el pleno ejercicio de los Derechos Humanos por el conjunto de la ciudadanía, con su participación plena, y poniendo a disposición su proyecto profesional, ético y político hacia una sociedad justa y sustentable.