Señoras legisladoras, señores legisladores: Dado la agenda
parlamentaria referente a someter a votación el proyecto de ley unificado de corresponsabilidad
en la crianza y tenencia compartida, el cual cuenta con media sanción en el
Senado, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) expresa su más
profunda preocupación ante su posible aprobación. Vale decir que este tema nos
ha convocado, a partir de las primeras iniciativas siendo recibidas tanto por
la Comisión de Constitución y Legislación del Senado como por la Comisión de
Legislación y Código de la Cámara de Representantes, quedando sentado en actas
nuestra postura y fundamentación técnica. En dichas instancias expresamos: 1) La
corresponsabilidad en la crianza es un deber exigible durante todo el ciclo de
vida de niñas, niños y adolescentes (NNA) y no se reduce ni comienza al momento
de la separación. 2) El proyecto
de ley es innecesario dado que la tenencia compartida ya existe en nuestra
legislación. Sin embargo, este proyecto fija la tenencia compartida como
imposición, desconociendo las particularidades que vivencian las niñeces,
adolescencias y sus familias. 3) Es un proyecto
claramente adultocéntrico al priorizar la tenencia compartida como principio,
por sobre el interés superior y la protección de NNA. 4) Las niñas,
niños y adolescentes se presentan como sujetos omitidos, donde su voz e interés
no son considerados a la hora de definir su propio bienestar. No se logra
visualizar el ejercicio del derecho a la autonomía progresiva, que cada NNA
tiene de acuerdo a la legislación vigente. Jerarquiza intereses adulto
céntricos, intenta resolver el conflicto entre adultos, dado que alude a
situaciones que llegan a la órbita judicial donde los progenitores no llegan a
acuerdos. 5) Deja en un
lugar de total desprotección a niños, niñas y adolescentes, víctimas de
maltrato y abuso sexual. Nuestra legislación entiende por maltrato y abuso
sexual “toda forma de perjuicio, abuso o castigo físico, psíquico o humillante,
descuido o trato negligente, abuso sexual o explotación sexual en todas sus
modalidades. Incluye también su exposición a la violencia basada en género
contra sus madres u otras personas encargadas de su cuidado”. (ley 19.747 art
123). La evidencia
científica y la aportada desde nuestra práctica profesional dan cuenta de las
repercusiones en el desarrollo e interacciones sociales de NNA que vivencian
violencia ya sea por ser destinatarios directos o presenciar violencia hacia
sus figuras referentes de cuidado. Así mismo la violencia se retroalimenta y
reproduce de generación en generación. Cortar el
circuito de la violencia es prioritario a fin de reducir daños y garantizar el
bienestar físico y psicoemocional y las medidas cautelares operan en tal
sentido junto a una batería de respuestas técnicas, construyendo una matriz de
protección interinstitucional. Cabe destacar
que la mayoría de situaciones de maltrato y abuso que llegan a la justicia son
detectadas por las propias instituciones del Estado a través de indicadores
específicos como son las lesiones físicas (salud), o el relato del niño/niña
que rompe la lógica de silencio y pide apoyo en su centro educativo o ante
algún referente afectivo en el que confía, no tratándose de “meras denuncias”.
En este sentido, “Se debe evitar (…) todo contacto de NNA con la presunta persona
agresora en aquellas situaciones que requieran su alejamiento para asegurar la
protección, con su defensa u otras personas no vinculadas al proceso de
justicia” (SIPIAV Acceso a la Justicia: 2018:20). Nuestra sociedad
registra cifras alarmantes de maltrato y abuso hacia niños, niñas y
adolescentes en forma creciente año a año, debiendo destacar que esas cifras no
abarcan todo el abanico posible dado que se estima que hay situaciones no
detectadas por las instituciones. Por lo que es necesario dar mejores
respuestas desde todas las instituciones del Estado, que refuercen todo el
circuito de intervención, con mayores recursos y políticas públicas. Sumado a ello la
realidad social y económica que vivencian nuestros NNA es dramática donde datos
recientes del INE registra cifras alarmantes de pobreza con mayores índices en
relación a otras franjas etarias. Se registran además estragos post pandemia a
nivel de salud mental en adolescentes con números de suicidios e intentos de
autoeliminación a los que deberíamos dar respuesta en forma urgente. Además, se
agregan la deserción parcial o total del sistema educativo, dificultades de
relacionamiento, y otras tantas problemáticas. Esta realidad refleja que como
sociedad y Estado estamos llegando tarde. En tal sentido apelamos al deber que
la Constitución y la sociedad les transfiere, así como a la normativa nacional
e internacional en materia de derechos de NNA, a dar las mejores respuestas
para poder revertir la realidad. En tal sentido entendemos necesario considerar
los temas que aquejan a nuestros NNA como emergencia nacional y activar la
Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia (ENIA, 2010-2030) que
implicó un acuerdo con todos los partidos políticos, que trasciende los
gobiernos de turno involucrando a diversos actores sociales y políticos.
Asimismo, se requiere destinar los recursos materiales y humanos necesarios que
construyan una matriz de protección interinstitucional. Por lo antes
expuesto, consideramos que las urgencias legislativas de políticas públicas y
sociales para nuestras infancias y adolescencias, no estarían pasando por la
aprobación de este proyecto de ley. En este sentido, consideramos que el mismo
contraviene la Convención de los Derechos del Niño y al Código de la Niñez y
Adolescencia, y desconoce la realidad social y urgencias de las familias
uruguayas incluyendo violencia de género y generacional revictimizando a niñas,
niños y adolescentes. ADASU reitera su
posición contraria al proyecto unificado de Corresponsabilidad en la Crianza y
Tenencia compartida, entendiendo que este proyecto no resuelve lo que se
propone y corre el eje de prioridades sobre nuestras infancias y adolescencias
que debería convocarnos al diálogo e intercambio entre colectivos
profesionales, organizaciones de la sociedad civil y las instituciones
estatales responsables. Comisión
de Derechos Humanos - Comisión Directiva ADASU
Montevideo,
31 de marzo 2023 |
