COMUNICADO
La Comisión de Asuntos Labores - Ejercicio Profesional y la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), manifiestan su profunda preocupación ante los cambios que se vienen gestando en las políticas sociales, los cuales implican un paulatino desmantelamiento de la matriz de protección social, vinculadas al cierre y/o cambio en los objetivos de planes, programas y servicios que brindaban soporte a los sectores en situaciones de mayor vulnerabilidad.
La pérdida de espacios de atención social, de dispositivos, de equipos instalados institucionalmente que daban respuesta en forma profesional y desde la cercanía, cercenan simultáneamente los derechos de la ciudadanía en general y los derechos laborales de los/las profesionales en Trabajo Social.
Informamos a la población, a los diferentes Poderes del Estado y de la sociedad sobre nuestra más profunda preocupación y rechazo ante este retroceso en las condiciones laborales de las y los trabajadoras/es vinculados a los servicios sociales y fundamentalmente por la pérdida de derechos de los/las ciudadanos/as, los cuales se vuelven objeto de necesidades, al incorporar criterios que les despojan de su carácter de sujetos de derechos.
La reformulación de determinados programas sin previa evaluación y el cambio en objetivos y poblaciones destinatarias en otros, sin que sea esto informado a la ciudadanía es otro de los ejes de preocupación.
En el Uruguay se ha venido avanzando en la construcción de un modelo ético político de integración y cohesión social, vinculado al concepto de “sociedad amortiguadora” al decir de Real de Azúa (1984). Los cambios implementados en las formas de ejecutar las políticas sociales afectan e impactan en los derechos de la ciudadanía, en particular de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad y consecuentemente en la sociedad en su conjunto.
Como colectivo profesional nos preocupan los impactos de estos cambios, no solo en lo que tiene que ver con la inhabilitación de derechos, sino también en cómo se implementa la aplicación de las políticas públicas a través de llamados en distintos organismos del Estado, cuyos requisitos de postulación para ocupar los cargos de Lic. en Trabajo Social y/o Servicio Social, se tensionan con las condiciones laborales propuestas, constatándose efectos directos en la desprofesionalización de las distintas esferas de las políticas públicas.
En algunas convocatorias y llamados de los organismos estatales no se informa la especificidad de las formaciones disciplinares habilitadas y reguladas para la atención de los servicios y programas vinculados al área social, no se atienden los planteos que nuestra Asociación ha realizado al respecto, en línea con la Ley de Reglamentación Profesional del Trabajo Social (Ley 19.778),anulando la posibilidad de diálogo sobre los temas que como sociedad y en nuestro caso como profesionales de lo social nos atañen.
Hemos denunciado, presentado recursos administrativos, peticiones, solicitudes de información a diferentes organismos del Estado, solicitudes de entrevistas, en las cuales en algunos casos no hemos recibido respuesta.
Como colectivo debemos y queremos aportar a la “Búsqueda de la justicia social y de la igualdad, defendiendo el carácter público, universal e integral de las políticas y programas sociales como generadoras y/o viabilizadoras de derechos, y la responsabilidad irreemplazable del Estado en la materia, con la participación democrática de la sociedad en su conjunto”, tal como lo define nuestro Código de Ética Profesional.
Por tal motivo solicitamos a los Poderes Públicos la convocatoria a espacios amplios de discusión sobre estos temas, en los cuales se escuchen las voces de todas/os los involucradas/os a efectos de expresarse democráticamente sobre los mismos.
Comisión Ejercicio Profesional y Asuntos Laborales
Comisión Derechos Humanos
Comisión Directiva
Diciembre, 2021
